martes, 17 de abril de 2012

Repsol exige 8.000 millones por la expropiación de YPF


Imagen nocturna de la refinería de Repsol en Cartagena

La petrolera Repsol reclamará al Gobierno de Argentina 10.500 millones de dólares (8.000 millones de euros) por la expropiación de su participación en YPF (51%), una acción que cuenta con el rechazo de instituciones internacionales y mandatarios de la UE o países como México. En España, sindicatos, patronal y la mayoría de la oposición han expresado su rechazo a la medida y han mostrado su apoyo al Gobierno en la gestión del conflicto.

En rueda de prensa, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, que este miércoles estará en Cartagena, junto al Príncipe, para inaugurar la nueva refinería de Repsol, ha vinculado la nacionalización al "goloso" descubrimiento de hidrocarburos de 'Vaca Muerta' y a la profunda crisis social y económica por la que atraviesa Argentina, cuya presidenta, Cristina Fernández, se ha negado a reunirse con él para negociar una salida al conflicto en YPF.
El directivo ha asegurado que la ley obliga al Ejecutivo argentino a lanzar una opa por el cien por cien de YPF, de la que Repsol controla el 57,4%, a un precio de 46,55 dólares por acción (unos 35 euros), lo que supone valorar el total de la compañía en 18.300 millones de dólares (14.000 millones de euros). En este contexto, ha acusado al Gobierno de Argentina de haber llevado a cabo una campaña de "hostigamiento, coacciones y filtraciones interesadas y calculadamente planificadas" para provocar el derrumbe del precio de YPF y facilitar así su expropiación "a precio de saldo".
Brufau ha puesto en duda que la Casa Rosada vaya a pagar a Repsol lo que le corresponde y augurado una larga y dura batalla legal, al tiempo que ha asegurado que la expropiación no afectará ni al aprovisionamiento ni al precio de los carburantes en España. En el terreno diplomático, el presidente de la petrolera ha valorado la actuación del Gobierno español por su firmeza y rigor, y ha confiado en que su presidente, Mariano Rajoy, hará todo lo que tenga que hacer para que se respeten las "reglas del juego" internacionales.

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